Así funcionará el certificado de vacunas
En una semana empiezan las pruebas técnicas para que esté disponible el 30 de junio
La preparación de la base tecnológica que sustentará el certificado digital avanza a toda prisa con el objetivo de que esté plenamente operativa el 30 de junio, a la espera de que, en aquella fecha, también llegue el visto bueno político. El 10 de mayo empezarán las pruebas técnicas en dieciséis países, entre ellos España, Francia, Alemania e Italia, para conseguir que el 1 de junio la puerta de enlace (gateway) europea que tiene que centralizar los datos entre en funcionamiento.
A partir de esa fecha, se iniciarán también las pruebas con el resto de países. Son ensayos entre las administraciones para poner a punto las conexiones, sin participación de los ciudadanos.
El momento clave será el 30 de junio, cuando el sistema técnico deberá estar preparado, y los ciudadanos podrán empezar a utilizarlo. Es el gran objetivo. Que llegue a tiempo para facilitar el movimiento en julio y agosto y permita de esta manera, salvar el verano, que se multipliquen los desplazamientos y suban los ingresos por el turismo.
Técnicamente, el sistema funcionará de la siguiente manera. Ya se sabe que el certificado será gratuito y que se facilitará en formato digital o en papel, a elección de su poseedor. También está fijado lo que el documento acreditará: que su titular está vacunado, que ha generado anticuerpos después de haber pasado la enfermedad o bien que ha superado un test de la covid con resultado negativo. El certificado es unipersonal, con validez para toda la Unión Europea y en su código de barras, los datos estarán comprimidos y con firma digital.
La validación de la firma digital se realizará a través de una puerta de enlace europea. Es la fórmula elegida para evitar falsificaciones y al mismo tiempo, mantener los datos en las bases nacionales sin que pasen a un servidor exterior. En el puerto de la UE, alojado en Luxemburgo, no se almacenarán datos, sino que simplemente se comprobará su autenticidad. Una medida adoptada para superar uno de los temores que levantaba la creación de este certificado, que se garantice la privacidad de la información recogida.
Cada país elegirá a través de qué autoridad u organismo facilita la certificación a sus ciudadanos. Cuando, durante los viajes, se deban presentar los documentos, la autoridad que los verifique comprobará si el certificado es auténtico y si tiene validez. Básicamente, escaneará el código QR, y con las claves digitales que el país de origen le habrá facilitado, comprobará su autenticidad, con la aplicación correspondiente iluminándose en verde si es positiva o rojo en caso contrario.
Para poner en marcha este operativo técnico, la Comisión Europa dispone de un presupuesto de 45 millones de euros, de los cuales 15 corresponden al desarrollo del sistema y el resto a un millón por país en concepto de asistencia técnica.
El sistema técnico es válido para la UE, pero tiene suficiente flexibilidad para incluir autorizaciones de terceros países, cuando sea necesario, si hay acuerdo político.
En la negociación actualmente en marcha entre el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo para determinar las características del certificado hay consenso para establecer como válidas únicamente las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y también para que se considere exclusivamente como un documento de viaje. Si algún país quiere utilizarlo también para facilitar la entrada en teatros o espectáculos, tendrá que establecer su propia base legal que lo haga posible.
La preparación técnica avanza a marchas forzadas para estar disponible cuando llegue la luz verde política. En este terreno, quedan algunos puntos de discrepancia. Hay consenso en muchos temas como el papel de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y las garantías de privacidad, pero quedan dos elementos conflictivos por resolver. Por un lado, los países quieren reservarse el derecho a aplicar medidas restrictivas, como las cuarentenas, también a los titulares del certificado.
En segundo lugar, el parlamento pide que los test PCR que se incluirán en el certificado sean gratuitos, o como mínimo, se reduzca su precio para no establecer discriminaciones en función del poder adquisitivo. Argumentan que no tiene lógica que, después de establecer que el certificado es gratuito, uno de los elementos que incorpora, como los PCR, sea de pago en algunos países, y con precios muy variables. Sin embargo, esta es una competencia nacional en la que los estados tienen plena capacidad de decisión. Jaume Masdeu (LV)
