Turismo sanitario: Europa le debe a España 138 millones

Una cosa es el turismo sanitario que hacen viajeros de otros países de forma voluntaria y sin coste para los servicios públicos de salud, y otra es la atención obligada que España debe prestar a extranjeros a causa de una dolencia que requiere atención inmediata. En este último caso, el coste de las facturas pendientes de cobro con los países de la UE, según el Tribunal de Cuentas, asciende a más de 130 millones en 2018..

Estas son las tres principales recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hace al Gobierno español para subsanar las importantes deficiencias detectadas en las prestaciones sanitarias a extranjeros a cargo de los servicios de salud de cada país.

En su Informe de Fiscalización de la Gestión de las Prestaciones de Asistencia Sanitaria derivadas de la aplicación de los Reglamentos Comunitarios y Convenios Internacionales de la Seguridad Social, el organismo fiscalizador del Estado calcula en 138,680 millones de euros el importe de las facturas emitidas pendientes de cobro con los países de la UE a 1 de enero de 2018.   Un procedimiento muy lento Una cifra que el Tribunal explica por el «procedimiento actual para la gestión de cobros de deudas, en el que las facturas no se tramitan de forma independiente, sino que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) espera que se resuelvan todas las incidencias de una remesa de facturación enviada a un organismo de enlace de otro Estado para su cobro antes de reclamar su cobro».
Si las facturas rechazadas tuvieran una tramitación independiente, «podrían cobrarse con mayor rapidez al remitir, a los organismos de enlace extranjeros, las facturas que no presentan ningún problema para su cobro».

El informe revela que, del total del importe que estaba pendiente de cobro por España, el 18% era adeudado por Alemania y el 17% por Noruega», dos países con los que España no tiene suscrito convenio de agilización de crédito, por lo que, a juicio del Tribunal de Cuentas, «el Gobierno debería impulsar la suscripción de estos convenios, con el fin de minorar los plazos para el cobro de las deudas pendientes».  Extranjeros sin recursos Mas concluyente es el organismo que preside Manuel Núñez con la fiscalización de la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras sin recursos económicos suficientes residentes en España. Un colectivo que, a 15 de junio de 2018, ascendía a 453.349 personas, cuya nacionalidad pertenecía a alguno de los 37 Estados del Espacio Económico Europeo, a Suiza y a alguno de los siete Estados – Andorra, Brasil, Chile, Ecuador, Marruecos, Paraguay y Perú- con los que España tenía suscritos convenios bilaterales con derecho a la asistencia sanitaria gratuita a cargo de la Seguridad Social española.

El coste económico estimado por el Tribunal correspondiente a la asistencia sanitaria prestada a estas 453.349 personas, utilizando la cuota global del ejercicio 2018 para los miembros de la familia de un trabajador, que fue de 82,99 euros mensuales, ascendería al menos, a 451,481 millones de euros anuales, por lo que, «ante el elevado coste económico que representa la asistencia sanitaria prestada a este colectivo para España, el Gobierno de la Nación debe impulsar las medidas legislativas oportunas para que el coste de la asistencia sanitaria prestada a dicho colectivo pueda ser derivado, en su caso, a sus respectivos países de origen».

Convenios bilaterales

Respecto al funcionamiento de los citados siete convenios bilaterales de Seguridad Social, el informe del organismo fiscalizador del Estado constata que, en el ejercicio de 2018 existían prestaciones sanitarias pendientes de factura por España por importe de 69.938,50 euros, en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid, Málaga, Murcia y Las Palmas, algunas de ellas con una antigüedad de hasta cinco años, lo que conlleva un coste financiero para España.

Además, la facturación emitida por el INSS derivada de las prestaciones sanitarias servidas a las personas protegidas por la Seguridad Social de Brasil, Chile, Ecuador y Perú, nunca han sido abonadas por estos Estados, a pesar de que los convenios bilaterales entraron en vigor entre el 1 de diciembre de 1995 y el 1 de febrero de 2005. La deuda pendiente de estos países con España ascendía a 5,519 millones.
En este mismo sentido, España tuvo suscritos convenios bilaterales de Seguridad Social que contemplaban las prestaciones de asistencia sanitaria con Panamá y Paraguay, que actualmente no están en vigor.

No obstante, el informe destaca que la deuda pendiente de pago de estos dos países con España por las prestaciones sanitarias prestadas a personas protegidas por la Seguridad Social de ambos estados ascendía a 207.410,60 y 4.144,46 euros, respectivamente.

En consecuencia, el Tribunal de Cuentas concluye afirmando que «el Gobierno debe adoptar las medidas oportunas para conseguir el reembolso de las deudas pendientes de cobro» con estos seis estados: Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú.
Respecto a Marruecos, el Tribunal considera que el convenio bilateral de Seguridad Social establecido es «especialmente gravoso para España desde una perspectiva económica», dado que Marruecos factura a España por la asistencia sanitaria prestada a los familiares de trabajadores marroquíes que trabajan en España, pero que siguen residiendo en Marruecos». En concreto destaca como España facturó a Marruecos sólo 767.086,32 euros, frente a los 12,545 millones de euros que Marruecos factura a España por asistencia sanitaria.

Tras la declaración de la situación de pandemia por parte de la OMS las necesidades transfronterizas decaerán significativamente por las restricciones de movilidad vigente. Habrá que esperar a la mejora de la situación sanitaria para que el turismo de salud se active y supere las cotas alcanzadas en el pasado año 2019.